El presente trabajo parte de la premisa de que un país en vías de desarrollo sólo podrá desarrollarse y ser congruente con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, si el Estado asume una postura activa y presente en todas las áreas posibles, provocando el aumento de la variable “empleo público”, punto neurálgico del análisis.
Las herramientas internacionales seleccionadas para abordar la temática serán las Observaciones Generales del Comité PIDESC, las Recomendaciones de la OIT, el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador como faro interpretativo del derecho al trabajo.
Se utilizará como caso testigo, al período histórico argentino entre 1989/2016, donde se pueden extraer claros resultados dependiendo del rol que asume el Estado, cómo repercute en el empleo público y las consecuencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales.