Acceso a la justicia, territorio y población migrante: las representaciones sociales y el DNU 70/2017

Abstract

En octubre del año 2008 surgen los Centros de Acceso a la Justicia (CAJs) dependientes de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. El objetivo del programa fue promover y facilitar el acceso a la justicia en los sectores más vulnerados de la sociedad por medio de una actuación Estatal directa, es por ello los CAJs se ubican en aquellas áreas geográficas, donde la población se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. En esta lógica, los CAJs se constituyeron no sólo como una herramienta para la promoción y protección del acceso a la justicia como derecho humano sino también como espacios de encuentro y articulación en el territorio de aquellas personas, organizaciones u organismos que trabajan en la promoción y en la protección de los derechos. La dinámica propuesta para las intervenciones en los CAJs promovió el trabajo interdisciplinario en el que abogados/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as, junto a personal administrativo, puedan generar estrategias tendientes al abordaje de distintas situaciones de vulnerabilidad como pueden ser la identidad, el acceso al sistema judicial, los múltiples modos de violencia pública y privada, el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda, entre otros. El presente trabajo es pensado en el marco de los debates que los equipos interdisciplinarios de los CAJs1 de La Plata y Ensenada sostienen en las reuniones psicosociales realizadas regularmente donde, además de una puesta en común de las intervenciones más complejas, se problematizan, discuten y teorizan distintos temas como migraciones, violencias de género, niñez y adolescencia, identidad, discapacidad, trayectorias escolares discontinuas, consumo problemático de sustancias, entre otras. Es en este punto que las reuniones se constituyen como un espacio de formación colectivo y transversal, donde diferentes miradas, provenientes de las distintas formaciones y trayectorias personales, enriquecen y complejizan los debates. En esta oportunidad, el disparador lo constituyó el decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno argentino en enero de 2017 que reforma la ley Migratoria 25871. Esta decisión política tiene diferentes repercusiones que impactan en la vida cotidiana de los sujetos y por tanto en nuestro trabajo cotidiano como agentes del Estado.