La causa tiene su inicio en la demanda de inconstitucionalidad entablada por Héctor Bravo y Graciela Bravo, dos hermanos que, con el patrocinio de un abogado de la Defensoría Ciudadana de la Municipalidad de La Plata, solicitan al supremo tribunal provincial que declare la inconstitucionalidad de los arts. 65 , 71 y 75 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en tanto habilitan a dicho banco a realizar subastas de inmuebles afectados en garantía hipotecaria, a hacer efectivo el desapoderamiento de los inmuebles y realizar allanamientos, todo ello sin intervención del Poder Judicial. Asimismo, solicitaron medida cautelar de no innovar a efectos de lograr la suspensión del procedimiento de subasta hasta tanto se resuelve en definitiva la inconstitucionalidad planteada, teniendo en vista la urgencia dada por la fecha inminente de realización del acto de remate.