La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones por los gobiernos, constituye una estrategia política que contribuye fundamentalmente al fortalecimiento de la democracia, permitiendo a la ciudadanía ejercer sus derechos de una manera más activa. No resulta suficiente la utilización de las TICs para promover el ejercicio del derecho a la información pública, sino que este debe ser acompañado por políticas que promuevan la implantación de una cultura de transparencia en el Estado.