La Ley de Cautelares contra el Estado nacional es la primera norma procesal de relevancia que reconoce expresamente la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina. Además de la trascendencia jurídica y cultural de tal reconocimiento, esta norma protege en forma diferenciada a sectores socialmente vulnerables en su derecho a una vida digna y, en especial, garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores populares de la sociedad (salud, derechos alimentarios, ambientales, laborales, etc.), como hasta ahora ninguna norma procesal lo había hecho, cumpliendo con el principio internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales que dispone que los Estados deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención especial y diferenciada.