La definición de la mejor política de salud es uno de los desafíos más complejos de la formulación de políticas públicas en Argentina, convergiendo diversas características provenientes de la particular definición que, en el país, tiene la organización federal, sindical, tecnológica, productiva y laboral, por citar algunas. En un país que gasta en torno al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB) en servicios públicos de salud, seguros sociales y privados, el conflicto entre intereses ha dado origen a un mapa institucional donde, frecuentemente, ha resultado difícil determinar con claridad los objetivos e instrumentos de las políticas públicas.
De manera especial, en un mercado que combina altos niveles de gasto con asimetría informativa, las políticas públicas se han comportado como un verdadero “blanco móvil”, donde la solución de un problema mediante alguna modalidad de intervención pública, puede derivar en nuevas deficiencias que, a su vez, requerirán algún modo de intervención pública adicional.
Puestos a hacer un balance de la evolución de largo plazo del sistema de salud argentino, debemos dar cuenta de los impresionantes avances logrados en los indicadores sanitarios, especialmente durante el segundo siglo de vida de la Nación, así como de los desafíos que deben ser enfrentados para alcanzar una cobertura efectivamente universal, equitativa y de calidad. De hecho, la persistencia de los problemas es una clara muestra de la complejidad de los desafíos futuros y las dificultades en avanzar con las reformas necesarias. De manera especial, se debe hacer notar que las soluciones suelen exceder el ámbito exclusivo de la política sanitaria, dando cuenta de la importancia de considerar los diferentes determinantes del estado de salud de una población.