La sociedad moderna se encuentra cada vez más tecnológica, lo que conlleva la aparición de un ecosistema digital muy diverso. En él conviven aplicaciones informáticas en entornos corporativos, bases de datos de información pública y privada, redes sociales y multitud de terminales desde los que se puede acceder, producir nuevos datos y extraer información. Los datos generados por estas aplicaciones están en todas partes, son de múltiple naturaleza y se almacenan en distintos lugares y formatos. El conjunto de toda esta explosión de información recibe el nombre de Big Data (“Datos Masivos” o “Macrodatos”) y, por extensión, así también se denomina al conjunto de herramientas, técnicas y sistemas destinados a extraer todo su valor.
Como pasó con la revolución científica y como ocurre con cualquier innovación, la gestión de datos basada en el nuevo paradigma del Big Data carece, por sí mismo, de un tamiz ético que permita juzgar los avances que pueda conllevar, o los medios necesarios para conseguirlos.
Por lo tanto, también parece natural que los conflictos requieran cada vez en mayor medida de análisis y certificaciones digitales de los datos que se aportan a un procedimiento de resolución de disputas, sea judicial o arbitral.
Una investigación digital exitosa deberá identificar todas las fuentes de datos relevantes y abordar el acceso y análisis de todos esos datos. En última instancia deberá ofrecer conclusiones objetivas y sustentadas en una argumentación lógica y repetible. Lo que pone de manifiesto la necesidad de conocimiento y manejo profesional en lo atinente a lo probatorio.
Por esta razón, este proyecto propone una investigación exploratoria cualitativa donde se analizan las condiciones y estrategias del uso del Big Data en el contexto de la evidencia digital y su incidencia en el proceso de investigación judicial, siguiendo de cerca las políticas y legislación vigentes, a fin de obtener una Guía de Referencia con el fin de mejorar el tratamiento del Big Data, en el marco de la evidencia digital.