El diario que aquí se examina, tuvo junto a los medios gráficos del país su cuota de responsabilidad en la construcción discursiva del golpe de Estado de 1976 (Díaz, 2002). A partir de ese momento, a diferencia de algunos de sus pares, Clarín avaló las restricciones a la libertad de expresión, la veda partidaria, la intervención de la CGT y la mayoría de los sindicatos y la violación de los derechos humanos mediante el terrorismo de Estado. Este posicionamiento lo convirtió en un «socio ideológico» de la dictadura, ejerciendo un «periodismo hermesiano» (Díaz, 2011), vínculo que consolidó a partir de su «sociedad económica» en Papel Prensa S.A. con el Estado terrorista y los diarios La Nación y La Razón (Morales, 2017). Esta sociedad, solo tendría un punto de divergencia: su persistente crítica al programa económico de la dictadura (Borrelli, 2016), mientras qué, recién a partir de 1981, comenzaría a cuestionar la censura cultural (Díaz, Giménez, 2011). Durante la guerra de Malvinas reclamaría por la apertura democrática y la convocatoria a otros actores, tales como: partidos políticos, sindicatos, empresarios y la iglesia, los dos primeros vedados por las autoridades. Por entonces, su preocupación se centraba en el estallido del modelo económico pues entendía que sus consecuencias comprometerían el futuro del país. En este sentido, insistiría en visibilizar editorialmente el cierre de fuentes de trabajo, la desocupación y subocupación en el ámbito laboral; así como también, sus consecuencias sociales, la marginalidad, el hambre y el deterioro de la salud de la población. Por ello, el retiro de los uniformados gobernantes y la recuperación de la soberanía popular comenzó a volverse irreversible. La dictadura convocó a elecciones generales el 30 de octubre de 1983, en las cuales el diario no disimuló sus preferencias por la fórmula del peronismo Lúder-Bittel, decisión que, ante el triunfo del candidato radical, R. Alfonsín, lo convertiría a priori en un medio «opositor».