En este artículo intentamos volcar reflexiones que circulan por el grupo que integra el Programa de Extensión Universitaria “El Derecho a tener Derechos” (UNLP). Por estos días, nos preguntamos acerca de las posibilidades de acción de las organizaciones populares para avanzar en la lucha por el Derecho a la Ciudad. Esa pregunta nos conduce, inevitablemente, a adoptar una definición de ese concepto amplio y ponerlo en contexto o, mejor dicho, ubicarlo en distintos contextos, a saber:
el de la discusión teórica acerca de los derechos humanos y de la propia definición del Derecho a la ciudad; el de las reflexiones acerca de las formas de exigencia de esos derechos, como oportunidades en las luchas populares, y de ejercicio de los mismos; y el contexto del análisis de las formas de producción y apropiación de la ciudad hoy e históricamente, para enriquecer los caminos posibles de lucha.
Comenzamos este artículo queriendo retratar cómo queda constituido el espacio urbano metropolitano1 en nuestro país, librado a las fuerzas del mercado, y nos preguntamos si la recuperación de la economía que ha experimentado Argentina desde la salida de la Convertibilidad ha redundado en más y mejores posibilidades de acceso a la ciudad. Examinamos los mecanismos de producción colectiva y apropiación diferencial de la ciudad, a ver si así logramos aportar algunos elementos más a la comprensión del problema y al contenido de las reivindicaciones populares.
En el camino por dotar de contenido consensuado al concepto de Derecho a la Ciudad, nos hemos encontrado en discusiones acerca de las potencialidades de la lucha por la vía de la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado a partir de la suscripción de pactos internacionales y su inclusión en la Constitución Nacional. Creemos que algo se podrá avanzar en este sentido siempre que no se pongan únicamente allí todas las esperanzas: la producción y apropiación de la ciudad corren acordes a la lógica del capital y los intentos de hacer cumplir derechos no llegarán a ningún lado si no inciden en ello. La discusión por el Derecho a la Ciudad implica necesariamente repensar el papel del espacio público y la centralidad urbana, y son las organizaciones autogestionarias las que tienen en sus manos el poder de hacerlo.