Parece haber un consenso generalizado entre los economistas respecto de que la crisis fue producto de la conjunción de una serie de desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto a las causas de tales desequilibrios y las soluciones posibles a los mismos. Para los que defienden una lectura "liberal" de la crisis, la misma habría sido producto de la irracionalidad de la clase política que no se animó a llevar adelante los ajustes necesarios (por ejemplo, Mussa, 2002). Por otro lado, se encuentran quienes afirman que la crisis fue producto del exceso de mercado sin una adecuada guía de parte del sector público (entre otros, Fanelli y Heymann, 2002; Frenkel, 2002).
Más allá de las diferencias el principal punto en común estas interpretaciones tiene que ver con que asumen que el Estado actúa por encima de la sociedad como una agente mediador entre los intereses particulares o como un garante del buen funcionamiento de las "naturales" leyes de la sociedad. El Estado es visto como externo a las relaciones de producción (Holloway, 1994: 127). En consecuencia, lo que hace o deja de hacer (para bien o para mal, según el analista) es un producto simplemente de una mala o buena decisión, de una decisión errada o acertada en abstracto como si tales decisiones fueran cuestiones eminentemente técnicas.