La información jurídico legal, integrada por las áreas legal, jurisprudencial y doctrinaria, es indispensable a los poderes del Estado, a las provincias, a las municipalidades, a los organismos públicos e instituciones privadas, así como también a cada uno de los individuos, a los efectos de que cada uno, en su esfera de acción, cumpla con sus obligaciones con el consiguiente beneficio de exigir derechos, y de ese modo se obtenga el bien de la comunidad. ¿Hemos pensado en alguna oportunidad sobre la cantidad de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones y demás normas en vigor que se dictan a diario en las jurisdicciones legislativas, ejecutivas y municipales —tanto nacionales como provinciales? ¿Hemos analizado la cantidad de trabajos doctrinarios redactados sobre esa documentación legal y jurisprudencial?