En los últimos años la demanda mundial de alimentos frescos ha tenido un fuerte crecimiento. Argentina no está exenta, con una producción anual estimada de 10 millones de toneladas de hortalizas y casi 8 millones de toneladas de frutas. La producción fruti-hortícola requiere del uso de plaguicidas y a pesar de que su uso está en permanente control, siguen siendo tema de debate por el alcance doméstico del consumo de alimentos y algunas dudas respecto a las adecuadas garantías de seguridad alimentaria asociadas a ellos. En el marco de los proyectos “Plaguicidas: un nuevo desafío social del Banco Alimentario” (Premios SENASA a la Investigación y Transferencia en Calidad e Inocuidad Agroalimentarias) y “Plaguicidas: los condimentos no declarados” (Proyecto de Extensión UNLP), ambos en el Centro de Investigaciones del Medioambiente, se han comenzado estudios con el objetivo general de generar información de base respecto a la calidad (a nivel de residuos de plaguicidas) de frutas y verduras producidas y/o comercializadas en la región. Para ello se articula con el Banco Alimentario de esta ciudad, donde se reciben, recuperan y distribuyen mensualmente entre 1 a 4 toneladas de productos en distintas instituciones del área de incumbencia y de articulación del Banco.