Mucho es lo que se ha avanzado en el estudio y conocimiento de los problemas relacionados con la utilización de la energía y muchos son también los adelantos técnicos, jurídicos y económicos conseguidos, pero a ellos no les va en zaga el constante aumento de las necesidades creadas por el continuo mejoramiento del “standard” de vida de la población, industrialización del país, por razones de defensa nacional, etc., todo lo cual origina una demanda constante y creciente de energía y de perfeccionamiento de los servicios públicos, por lo cual éstos deben variar con los requisitos que exige cada época. Este problema es en realidad general y abarca a todas las actividades humanas, reflejándose en consecuencia en la acción que despliega el Estado, determinando el carácter de la época. Así, al libre desenvolvimiento de la acción individual ha sucedido durante los últimos años otra etapa, en la cual el Estado ha tomado a su cargo —definitiva o circunstancialmente— actividades que antes sólo realizaban los primeros; con preferencia lo relacionado con las fuentes de energía y con la prestación de los servicios públicos, por la enorme influencia que los mismos tienen en lo económico, en lo social y en lo político.