Los Estados tienen la obligación legal de brindar educación básica. Asumir esta responsabilidad supone gestionar los medios para que eso suceda de manera satisfactoria, por ejemplo, a través de proveer los edificios y equipamiento o de adecuar la cantidad y distribución de los mismos al crecimiento y distribución de la población. La responsabilidad también involucra tener en cuenta qué prácticas de enseñanza permiten alcanzar los logros complejos que actualmente se les exigen a los jóvenes para desenvolverse en un mundo igualmente complejo. Es evidente que en la sociedad se han establecido exigencias que no existían hace décadas, no solo teóricas sino también de orden práctico (Chartier, 2004), tales como desentrañar los sentidos no explícitos de las palabras, juzgar la veracidad de las fuentes, adecuar los registros de habla y de escritura a las circunstancias y los destinatarios, etc. Sostener una enseñanza que comunique estas prácticas implica, entre otras cosas, revisar la forma de enseñanza tradicional, arraigada en los sitemas educativos y creada con fines distintos y para enseñar contenidos muy diferentes.