En la ciudad capitalista el acceso a los servicios habitacionales por la vía legal debe realizarse a través de la compra en el mercado, puesto que éstos son concebidos como mercancías. La posesión de ingresos estables y suficientes como para alcanzar cierto nivel de ahorro que posibilite la adquisición de un inmueble o el pago de un alquiler, es una de las condiciones imprescindibles para el acceso de las familias a la vivienda integrada al conjunto urbano. Otra condición –fundamental para los sectores de ingresos restringidos- es la existencia de un mercado accesible o de ciertas facilidades para el acceso al mismo (líneas de créditos blandos, regulación de alquileres, etc.). En el deterioro de las condiciones laborales y la caída de los ingresos de las clases trabajadoras que observamos en las últimas décadas, así como en el aumento desproporcionado de la pobreza y la indigencia entre los sectores de pobreza estructural (que empeoraron su ya deficitaria calidad de vida) y su extensión a sectores medios pauperizados, están las principales causas de las dificultades para el acceso a la ciudad porque, para estos sectores, está vedada la participación en el mercado. Al promotor inmobiliario, al productor de suelo urbano o de vivienda, no le interesan, no produce para ellos porque no puede sacar de estos sectores la ganancia que espera obtener como producto de su actividad.