El Proyecto apunta a identificar las dificultades de acceso a la Justicia y a la integración comunitaria de las personas con padecimientos mentales y adultos mayores. Teniendo en cuenta la falta de prestaciones y respuestas de la política pública, se configuran situaciones de suma vulnerabilidad psicosocial que no son atendidas en tiempo y forma. Ante estas situaciones los profesionales del derecho contribuyen al asesoramiento de usuarios, familiares y asistentes del equipo interdisciplinario, a enriquecer las estrategias de coordinación entre la órbita estrictamente asistencial y el sistema jurídico, a contribuir mediante su evaluación, gestión y patrocinio a subsanar determinadas situaciones de vulneración de derechos, favoreciendo la integralidad de las estrategias asistenciales.
La perspectiva guía se asienta en una noción de salud mental integral, focalizada en la responsabilidad subjetiva, de cada usuario y en la configuración de andamiajes institucionales para la toma de decisiones con apoyo conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
Asimismo, atento la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (15/06/2015), resulta insoslayable la necesidad de dotar de protagonismo a este grupo social vulnerable como sujeto activo de derechos.