La crisis vitivinícola actual es de carácter estructural y constituye el efecto de una serie de medidas erróneas de política económica cuyo resultado ha sido el sobredimensionamiento del sector en relación a los requerimientos internos de vino común de mesa. Estas medidas han consistido básicamente en degravaciones impositivas, políticas sistemáticas de precio sostén y compra de excedentes a través del Estado (Bodega Giol).