Las transformaciones urbanas que se vienen manifestando en las últimas dos décadas han generado un creciente debate entre académicos, urbanistas y políticos. Este debate contempla las nuevas formas de expansión urbana que se producen de manera descontrolada, ocupando las periferias de las ciudades, muchas zonas desprovistas de servicios básicos e infraestructura, y tiene efectos sobre la calidad de vida de ciertos sectores de la población que acaban habitando zonas de riesgo hídrico y/o ambiental (Lungo, 2007). Estos procesos de dispersión urbana tienen sus consecuencias en la calidad de vida de la población acentuando a su vez, procesos de segregación socio-territorial. La situación se agrava para los sectores populares, quienes quedan imposibilitados de acceder al suelo urbano debido al costo que implica vivir en las áreas que se revalorizan y se ven forzados a vivir en asentamientos informales sobre zonas anegables de las periferias, desprovistas de infraestructura de servicios básicos. Es así que, las condiciones socio-económicas y el funcionamiento del mercado de suelo son dos factores que condicionan las posibilidades de los diferentes sectores sociales para vivir en cada área de la ciudad (Frediani, 2014). En este contexto, la configuración de la ciudad no se encuentra dada o preestablecida, sino que se concibe como el resultado de los procesos de urbanización capitalista (Topalov, 1979). La ciudad no se considera como un conjunto de partes físicas que conforman "lo urbano" sino que, como dice Pírez, se considera imprescindible entender los procesos estructurales que se dan detrás de la urbanización: los de acumulación capitalista y los de dominación como parte de esta forma social (Pírez, 1995). El tema de investigación se enfoca en analizar el rol que desempeña el municipio de La Plata mediante sus intervenciones directas e indirectas en la valorización diferencial del suelo urbano en el período 2001-2018 y su relación con los procesos de expansión urbana. El rol del Estado, visto desde el papel que cumplen sus instituciones, las modificaciones que han tenido esos roles en los diferentes períodos y su incidencia en la capacidad estatal (Ozslak, 2014). En relación a esto último, cabe aclarar que en las últimas dos décadas, luego de comprobarse los límites del fundamentalismo del mercado, comienzan a tomar auge los debates sobre políticas sociales y la necesidad de fortalecer las capacidades estatales, en relación al manejo de la "cuestión pública" (Repetto, 2004; Bernazza et al, 2015). Las capacidades estatales se evalúan en esta investigación con el objetivo de abordar las posibilidades de las instituciones del Estado que gestionan el territorio para llegar a implementar estos instrumentos que regulen el mercado de suelo y permitan un desarrollo urbano más sostenible.