En Argentina, a partir del año 2003, se produjo una renovada tendencia a la centralización de las políticas sociales. En este sentido, las políticas habitacionales, en general, y la cuestión de la vivienda, en particular, se consolida como un eje central en la agenda pública, adquiriendo el Estado un rol significativo en la asignación de recursos a través de planes federales (Guevara, 2014) . Sin embargo dicha medida, que apuntó principalmente a la reactivación de la economía a través de la obra pública, y a la disminución del déficit habitacional, evidenció la falta de suelo estatal principalmente en los partidos de la Región Metropolitana.
En el año 2012, la creación de un fondo fiduciario (PRO.CRE.AR) permitió el acceso a la vivienda a los sectores de medios y bajos recursos a través del crédito hipotecario. Si bien el Programa pretendió abordar el asunto del acceso al suelo a partir de poner a disposición tierra fiscal, la masividad de esta política de incentivo a la demanda hizo que la disponibilidad de suelo urbano a precios accesibles se convirtiera en un problema territorial.
En este sentido, La Plata resulta un caso representativo de dicha problemática. Por un lado, se evidencia el aumento de procesos especulativos del mercado inmobiliario que producen un alza en los precios dificultando la compra de terrenos a precios acorde al financiamiento del Programa. Por otro lado, queda al descubierto las dificultades del Estado municipal para producir suelo urbano en el marco de procesos de planificación.
Este trabajo presenta un estudio donde se analiza los modos de producción de suelo generados a partir de la operatoria "Compra de terreno y construcción" y se evalúa el grado de informalidad urbana del hábitat generado contemplando el acceso a los servicios básicos, servicios sociales, transporte público y centralidades urbanas, y condiciones de vulnerabilidad ambiental.