No es una novedad que el Fondo Monetario Internacional, como uno de los principales organismos multilaterales de crédito del mundo, proponga a través de las denominadas Consultas del Artículo IV o exija –como contrapartida de onerosos préstamos- a los países que lo conforman la aplicación de políticas económicas de neto cuño neoliberal. Mediante el diseño de programas de ajuste y desregulación estatal de carácter genérico, estas medidas sugeridas o demandadas de forma obligada no suelen considerar demasiado los contextos sociohistóricos y políticos de los países donde buscan ponerse en marcha ni atender a las consecuencias sociales que pueden acarrear, a pesar de las incontables experiencias históricas de sus fracasos en diversos países del mundo para garantizar un crecimiento económico y un desarrollo sostenido en el tiempo. El caso de Túnez no es la excepción y, desde los acontecimientos de la denominada “Primavera Árabe”, ilustra cómo el crecimiento del peso de la deuda externa y sus intereses en el Producto Bruto Interno de un país puede ocasionar serias consecuencias macroeconómicas y un profundo malestar social a partir de ceñirse a las directivas del Fondo, en un contexto regional caracterizado por la concesión de préstamos también a países como Marruecos, Jordania, Yemen y Egipto.