En los últimos 4 años las relaciones fiscales entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires presentan importantes modificaciones; el mayor impacto lo produce el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que obliga al gobierno federal a cesar la afectación de recursos coparticipables destinados al financiamiento del régimen previsional nacional que regía desde 1992; a lo que se agregan cambios introducidos y comprometidos en los llamados Consensos Fiscales. Estas modificaciones resultan en una mayor participación provincial en el reparto de la renta federal, aunque con un sesgo político evidente: las 2 jurisdicciones más beneficiadas fueron la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, las concesiones de recursos limitaron el financiamiento propio de las provincias y tendieron a la pérdida de grados de libertad en la administración de sus tributos, la ejecución del gasto en personal activo y pasivo, así como a ser obligadas a asumir transferencias de gastos federales tal como en los noventa, nada menos.