Desde la irrupción a fines del siglo XVIII del ciclo revolucionario francés, la voluntad de construir un nuevo orden político se acompañó en Occidente del compromiso por sancionar textos constitucionales. Crear una nueva comunidad política implicaría, así, el desafío de redactar, a modo de contrato social, los fundamentos de la organización de la misma. Las disputas políticas fueron desde entonces también jurídicas. En efecto, la experiencia republicana en la Hispanoamérica independiente así lo demuestra, pues allí la realidad política difícilmente transitaba por las sendas de una constitución por todos aceptada. La vocación refundacional de los distintos gobiernos en el poder ponía en jaque no solo la estabilidad del orden, sino también la definición misma de la propia comunidad política. Es que, en cierto modo, el desafío constitucional es el de soldar el cambio con la continuidad.