Diferentes acontecimientos de los pasados meses – por ejemplo la embestida Berlín y Londres de peatones por camiones conducidos por terroristas islamistas o el asesinato del Embajador ruso en Ankara – no fueron más que un síntoma más de una creciente instabilidad internacional en el siglo XXI: El resurgimiento de viejas rivalidades geopolíticas (y la aparición de nuevas) que se traducen en situaciones como la guerra en Siria o el conflicto en Ucrania, el aumento de las actividades terroristas y de la piratería marítima como también flujos migratorios, han acrecentado, en un mundo globalizado e híper-conectado, el sentimiento de inseguridad.
Esto sin embargo solamente constituye uno de los orígenes – la creciente tercerización del ámbito de la seguridad por parte del Estado en virtud de una mayor flexibilidad operaria, reducciones del presupuesto estatal o la creación (a través de la importante reducción numérica de los ejércitos por los avances militares tecnológicos) de un gran número de individuos entrenados son otros – de la multiplicación de las milicias privadas y compañías de seguridad MPCS (en inglés Private Military & Security Companies PMSCs). Esta verdadera industria ha llegado a cotizar anualmente entre 100 y 400 mil millones de USD. También en el marco de conflictos armados, y sobre todo contratadas por Estados u organizaciones intergubernamentales, las MPCS cubren hoy en día diferentes tareas – desde la protección (o vigilancia) de personas, hasta la participación activa en operaciones de combate – teniendo de esta forma contacto directo con personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Es aquí donde ha aumentado – más allá de cuestiones de legitimidad (y/o moralidad) – la urgente necesidad de reafirmación de la obligación de las MPCS de respetar el DIH, y la de los Estados de velar sobre el cumplimiento del mismo por las MPCS. Y es por ello que se ha dado inicio a un interesante proceso de regularización a través de varios instrumentos de autorregulación (soft law). Curiosamente, un país que durante siglos fue un importante proveedor de mercenarios, ha sido especialmente activo al respecto: Suiza.
Este trabajo propone analizar dos iniciativas suizas: El Documento de Montreux de 2008 y el Código de Conducta internacional para los servicios privados de seguridad de 2010 (como también la asociación correspondiente de 2013). Para ello describirá previamente la relevancia de los mercenarios y las MPCS para Suiza e identificará el marco jurídico internacional relevante. A través de este análisis, el presente trabajo examinará la hipótesis que postula que, en el ámbito de la regularización de las MPCS, las iniciativas suizas no vinculantes han desembocado en normas juridicamente exigibiles.