A pesar de que la criminalidad y el encierro han estado marcadamente diferenciados por el género, buena parte de las investigaciones más influyentes producidas en diferentes contextos intelectuales que han estudiado la prisión y su historia no han incorporado esta dimensión a su análisis. Por este motivo la historiografía sobre la prisión perdió de vista un asunto fundamental, a saber que mientras las cárceles de varones fueron administradas tempranamente por el Estado y acogidas en el proceso de secularización institucional, las cárceles de mujeres no fueron sin embargo, afectadas por tales circunstancias. Por el contrario hasta muy recientemente, específicamente hasta los primeros años de la década del setenta del siglo XX, las mujeres presas permanecieron bajo la tutela de monjas en el seno de una institución religiosa.
La imposibilidad de percibir este dato clave se torna más relevante aún cuando tomamos nota de que existen una serie de contribuciones teóricas provenientes tanto de las corrientes feministas como de la criminología crítica acerca de la relación entre género y delito, las cuales presentan una comprensión renovada de los mecanismos de control social.
En este texto nos proponemos examinar la prisión femenina en su enlace con la evolución de las políticas de género proyectadas por el Estado durante la década del setenta. Luego de sentar algunas bases históricas para contextualizar el período que particularmente aquí nos interesa, nos concentraremos en el traspaso por etapas que se hizo desde esta regencia religiosa hacia el Servicio Penitenciario Federal desde el año 1971 en adelante. Creemos que este cambio institucional fue estimulado por la agencia de las presas políticas, específicamente por su protagonismo en las fugas carcelarias.