Las ciudades latinoamericanas presentan cada vez mayores niveles de desigualdad, con crecientes procesos de fragmentación y segregación socioespacial. En las últimas décadas, y como consecuencia de la profundización de un modelo de acumulación excluyente, amplios sectores de la población quedan imposibilitados de acceder a la tenencia del suelo a través del "mercado formal" y lo hacen tanto a través de ocupaciones de tierras como de formas mercantiles no reguladas oficialmente (subastas públicas, alquiler de tierra, etc.), creadas en función de la maximización de la renta del suelo. En ese sentido, los procesos de apropiación de la tierra, y más específicamente la institución de la propiedad privada y, con ello, el derecho como práctica social, constituyen uno de los elementos fundamentales a la hora de entender la organización social del espacio urbano. Sin embargo, existe una tendencia a disociar los procesos sociales de las instituciones que tratan de regularlos. Este trabajo se propone una doble reflexión: por un lado, la necesidad de pensar la producción del espacio social a partir de la coexistencia de diversas formas mercantiles de acceso al hábitat; y, con ello, la revalorización de la dimensión jurídica de los procesos de construcción de la ciudad, ya sea tanto por su ausencia de los estudios urbanos críticos como por su aprehensión como fenómeno separado de las relaciones sociales que le dan origen y a partir de las cuales se estructura el espacio urbano.