Hace tiempo Cardarelli y Rosenfeld (2000) advertían que los programas y proyectos sociales ‘con las mejores intenciones’ se han subsumido centralmente en los aspectos psicosociales de la pobreza (o de la indigencia) construyendo una perspectiva valorativa centrada en la solidaridad entre pares y en la elevación del autoestima. Los programas sociales focalizados, entre ellos los de vivienda, suponen comunidades al estilo de las sociedades tradicionales. Desde esta perspectiva no hay lugar para pensar el conflicto –y la heterogeneidad – como parte de las características de la población objeto de los programas. En tal sentido, se presume que el conflicto debe poder ser resuelto por los receptores y por aquellos líderes comunitarios / mediadores de los programas. Cravino (2003: 99) agrega al respecto que “se supone una organización autónoma regida por normas endógenas y en las que el Estado no debe intervenir – respetando cierto relativismo cultural-”.
Parte de estas preocupaciones las abordaremos en el siguiente trabajo, en particular las relaciones al interior de las cooperativas, mientras nos interrogamos acerca de si primaron relaciones de reciprocidad o conflicto en la implementación del Programa Federal de Emergencia Habitacional en el distrito que llamaremos Peñaloza y cuya implementación fue centralmente coordinada por dirigentes del Partido Justicialista local.