En el período 1930-1976 en nuestro país, los quebrantamientos del orden institucional mediante la sustitución abrupta de un gobierno elegido electoralmente por otro emanado de la fuerza (militar), dieron forma a distintas situaciones de excepción. Es decir, se originan determinadas facultades extraordinarias de gobernantes para convertirse en regímenes de facto. La ilegalidad nace así de la inconstitucionalidad y concentración de facultades que corresponden a dos poderes bien diferenciados del Estado: el ejecutivo y el legislativo (Duhalde; 1999:207-216).
Es así como, los diferentes golpes de estado que se reiteran desde 1930 tendrán esa misma esencia. Sin embargo, desde 1955 hasta 1976 se irán radicalizando cada vez más en sus objetivos de destrucción de aquella identidad peronista que se había ido forjando desde 1943. La sutil diferencia de los anteriores procesos militares con el de 1976 radica en que los mismos se correspondieron con un modelo clásico de gobierno militar de carácter transitorio (remedio a una crisis política), pero sin intentar cambiar la naturaleza del Estado mismo y donde la supresión de las libertades y garantías constitucionales (muchas veces crueles), se asumió como una necesidad momentánea, sin negar la justeza del estado democrático como forma legítima y perdurable de organización social.
La dictadura implantada en 1976 se enmarca en un nuevo fenómeno que se desarrolla a escala continental cuando surgen en el Cono Sur, dictaduras de carácter institucional con relación a las fuerzas armadas, donde la personalidad del gobernante es una mera circunstancia y se pone de relieve una fría concepción tecnocrática, acorde con los intereses del gran capital y fundadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional (Duhalde; 1999: 207-216). A partir de allí, los objetivos en la Argentina claramente son dos. Por un lado, “aplicar una política económica que arruinó al país, sumiendo al sector popular en miserias que nunca conoció y enviando a buena parte de la burguesía a la quiebra” (O’Donnell; 1983:8). Por el otro, la represión más cruda de toda forma de contestación, basada en una idea de sociedad entendida como organismo enfermo. La Argentina pasaba a ser “una sociedad en guerra, con lo que se configuraban como prioritarias las tareas militares de extirpación del cáncer subversivo en todas sus ramificaciones”(Cavarozzi; 1987:63-64).