El uso extensivo de la categoría “trabajador autónomo” no se circunscribe al sector privado, sino que también se observa en el sector público. La única diferencia es que el Estado se ve obligado a darle un marco legal a la contratación de trabajadores pseudo-asalariados que aparecen en los registros en calidad de trabajadores autónomos. El objetivo de este trabajo es entonces analizar la manera en que se produce ese marco legal que permite que la categoría “trabajador autónomo” se incorpore en la administración pública como una forma legítima de contratación de personal. El artículo se divide en tres secciones, aunque el objetivo de este trabajo sea desarrollado enteramente en la segunda sección. La primera sección presenta la categoría trabajador “independiente dependiente”. En la segunda sección, se analizan las distintas normativas que, a lo largo de 15 años, han permitido la incorporación de trabajadores autónomos en la administración pública. Finalmente, en la tercera sección se analiza de manera sintética la evolución real de las contrataciones de trabajadores autónomos.