El presente trabajo pretende hacer un análisis de una situación de hecho en la cual el Estado toma la iniciativa, promueve y sostiene la aparición de nuevas formas de acumulación de capital privado sobre la base de la licuación del capital social y estatal, siguiendo un patrón de comportamiento que caracterizó a la larga década del noventa. Es el caso de la reforma previsional en nuestro país, llevada a cabo por el Gobierno de Carlos Menem entre 1992 y 1993.
Mediante esta reforma, que modificó sustancialmente las pautas de funcionamiento referentes a la seguridad social, el Estado dejó de ocuparse de la administración de la mayor parte de los fondos destinados al bienestar de la clase pasiva, para dejarle esa función a administradoras privadas, sembrando la semilla de un gran negocio para estas últimas, con consecuencias funestas para el primero.
Ahora bien, la reforma del sistema nacional de previsión social, ha sido estudiada en nuestro país desde diferentes perspectivas, pero siempre dándole el estatus de una reforma más, dentro de un conjunto de medidas pro-mercado. Nosotros creemos, sin embargo, en la centralidad de la reforma para la consolidación de un régimen tanto político como económico.
Con esto queremos decir que la privatización parcial de la administración de los fondos de los trabajadores encaja casi naturalmente en un esquema de acumulación que viene insinuándose desde la dictadura militar instaurada en marzo de 1976 en nuestro país.