El 18 de mayo de 1938, el diputado socialista Enrique Dickmann, presentó un proyecto de resolución solicitando el nombramiento en la Cámara Baja, de una comisión especial para “que investigue las actividades ilícitas de las organizaciones económicas, políticas y culturales extranjeras radicadas en el país”. En esa misma sesión, un grupo de legisladores radicales, Raúl Damonte Taborda, Eduardo Araujo, Manuel Pinto y Leónidas Anastasi, también gestionaron la creación de un organismo similar “para que investigue las actividades en el país desarrolladas por organismos o asociaciones de ideología nacionalsocialista…”, de alcance investigativo (en el caso de ambos proyectos) y legislativo (únicamente en el del partido de izquierda). Estas dos presentaciones, si bien fracasaron en su intento de conformación, problematizaron el tema e instalaron la cuestión en un órgano de gobierno como es la Cámara Baja, espacio en donde confluyen no solamente la representación directa y la soberanía nacional, sino también la expresión, discusión, enfrentamiento y concertación de las distintas fuerzas políticas que lo integran. En nuestro trabajo, creemos que es importante enfocarnos en estos dos proyectos de resolución y sus respectivas fundamentaciones por parte de los autores de los mismos, porque, como señaló Estela Spinelli, fueron el primer antecedente de la corriente de opinión antifascista en el país, conformada por la unión de socialistas, radicales, demócratas progresistas y comunistas, que constituyeron una alianza política- defensiva frente a la consolidación y expansión de los regímenes totalitarios en Europa y en el sur de América.