Las primeras medidas que tomaron los militares que organizaron el último golpe de Estado en la Argentina fueron las de suspender por ley el derecho a huelga, decretar la prescindibilidad de los empleados públicos, modificar la ley de contrato de trabajo y suspender total o parcialmente los Estatutos del Docente nacional y provinciales. El modo en que el terror de Estado impactó en la cotidianidad del trabajo varió según las características de cada actividad. Las investigaciones sobre los trabajadores durante la dictadura se han concentrado en el sector privado e industrial. Destacan que el plan económico impuesto por el ministro de economía José Martínez de Hoz (1976-1981) pretendió reestructurar la economía en base a la subsidiariedad del Estado, las privatizaciones, la apertura económica y la liberalización del mercado de capitales (Schvarzer, 1986). Dicha política terminó desmantelando buena parte del sector industrial preexistente y para ello fue necesario disciplinar a la clase obrera que potencialmente podría oponerse. Las empresas plantearon nuevas regulaciones al trabajo destinadas a anular las llamadas “conquistas históricas” de la clase trabajadora argentina. Para varios de ellos, por ejemplo, se extendió la jornada laboral sin compensación salarial; se eliminaron las cláusulas que prohibían penar a los trabajadores por razones políticas, gremiales, religiosas o raciales; se anularon las disposiciones que contemplaban los días de descanso y los empresarios quedaron eximidos de brindar los equipos básicos de protección al trabajador (Falcón, 1996; Pozzi, 1988).
En esta ponencia analizaremos dos aspectos poco vistos por los historiadores del período. En primer lugar, veremos qué tipo de regulaciones sufrieron los trabajadores del sector público y en particular los docentes. Haremos foco en las medidas que tomaron los diferentes ministros de educación de la provincia de Buenos Aires y, a los fines de establecer algunas comparaciones, observaremos las que propusieron los mandatarios nacionales.