Con la llegada al poder de María Estela “Isabel” Martínez de Perón al poder tras la muerte de Perón, la represión y la censura aumentan y se sistematizan. La reforma del Código Penal y la ley nacional 20.840 o “Acta de la Seguridad Nacional” imponen penas de tres a ocho años de prisión para las “actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. La ley también involucra a los medios de comunicación y a sus agentes, para quienes establece una sanción de dos a seis años “a los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el artículo 1º [estas son: “intentar o preconizar por cualquier medio alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”]”. Asimismo se intensifican las acciones violentas perpetradas, por un lado, por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización paramilitar organizada por el Ministro de Bienestar Social y consejero de Isabel Perón, José López Rega; por otro lado, por las organizaciones armadas de izquierda, la peronista Montoneros y la marxista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).