Luego de avanzadas represivas previas, el 9 de febrero de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas desplegaron un vasto operativo represivo para destruir un frente rural creado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP): la llamada Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que había operado desde principios de 1974 en la zona boscosa del sur de la provincia de Tucumán. Días antes, el 5 de febrero, la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón había ordenado, a través de un decreto, que el “Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Esta modalidad represiva aplicada en Tucumán –ejecutada de manera directa por las FFAA- se superpuso con otras prácticas y políticas de represión política a nivel nacional: las amenazas, atentados y asesinatos de organizaciones paramilitares (como la llamada Triple A, Alianza Anticomunista Argentina o el Comando Libertadores de América); la ley 20.840 de Seguridad Nacional “para la represión de la actividad terrorista y subversiva” de octubre de 1974; y la declaración del estado de sitio en noviembre de 1974; entre otras.