La Cárcel de Río Gallegos, ubicada en el Territorio Nacional de Santa Cruz y existente desde el año 1900, fue creada oficialmente en el año 1904. Desde sus comienzos tuvo problemas edilicios siendo permanentes los reclamos públicos por una mejora en sus instalaciones ya que eran un foco de contagio. Las deficiencias del edificio ,"viejo, antihigiénico y poco seguro", se correspondían con las de su personal que se caracterizaba por su casi nula formación y la dificultad por conseguirlo ya que la escasa población masculina de la región prefería actividades con mejores sueldos. La cárcel poseía una población reclusa proveniente mayoritariamente de la zona rural y de Chile que era la que presentaba los mayores índices de analfabetismo. Para eliminar el mismo se implementó la educación carcelaria de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Común N° 1420 de 1884. La escuela carcelaria tuvo una existencia irregular y contó con varias "creaciones" : inicialmente lo fue en el año 1916 ; en el año 1921 tuvo una segunda creación y finalmente, fue re-fundada por decisión del Consejo Nacional de Educación el 13 de marzo de 1935. Durante toda la época territoriana poseyó una sola sección, dedicada a los alumnos analfabetos, y un solo maestro que cumplía también las funciones de Director y Bibliotecario.
El análisis de la documentación existente sobre la cárcel de Río Gallegos y su escuela indica cómo su vida y su evolución estuvieron sujetas a innumerables limitaciones que las alejaron del “modelo” que significó la Penitenciaría Nacional y las acercaron a la situación de las cárceles de los Territorios Nacionales.
Si consideramos a la cárcel y la escuela como presencias del Gobierno nacional en estos Territorios australes podemos ratificar a través de las falencias estructurales que analizaremos las características de esta presencia que fue denunciada a lo largo del periodo estudiado, la época territoriana, como débil y aún “ausente” por los habitantes. Esta situación provocó las permanentes criticas a la “no - presencia” del Estado y, en la mayoría de los casos, la implementación de alternativas provenientes de la sociedad civil.