El objetivo del presente trabajo es analizar el modo en que determinadas normas, prácticas, procedimientos y marcos interpretativos que operan en el sistema penal respecto al delito de trata con fines de explotación sexual sustentan no solo los lineamientos principales de la política criminal sino además, las políticas públicas respecto a la prevención y atención de las mujeres y niñas víctimas de este delito.
Sin dudas, la discusión acerca de los alcances del delito de trata ha incorporado nuevamente el debate acerca de la prostitución y los alcances de la explotación sexual. En estos debates, la cuestión referida a la libertad y/o el vicio del “consentimiento” incide de manera determinante en la definición del marco legal y en la actuación de los operadores judiciales. Tal como sostiene Abramson (2010) estos debates también impactaron en las definiciones acerca del concepto de trata en la redacción del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños y proyectaron estos lineamientos a las legislaciones locales y sus definiciones respecto a ese delito.