Frente al contexto originado por el Covid-19 propongo algunos aportes para (re)pensar la capacidad jurídica en general y, particularmente, las modalidades a distancia o mediadas por el uso de tecnología. Pensar la discapacidad psicosocial supone poner de relieve las tensiones entre las normas formales y las prácticas de los/as operadores/as jurídicos/as, en consecuencia, la vigencia real o efectividad de estas normas inclusivas. A partir de dicho enfoque, nos proponemos describir algunas pautas que faciliten prácticas jurídicas y tecnológicas accesibles para todas las personas.
Resulta evidente que las tecnologías cuando no son utilizadas bajo criterios de inclusión y diversidad profundizan las desigualdades. No solo por el desigual acceso a la tecnología, conectividad, computadora y demás elementos técnicos, sino porque además, las modalidades a distancia parten de un ideal normalizado.
La urgencia sanitaria y el ASPO requirió de una pronta respuesta desde la tecnología para continuar con las actividades. Sin embargo y, tal vez por esa urgencia, no se están teniendo en cuenta criterios de diseño universal (modelo social) ni adaptaciones o ajustes del mismo. Lo que supone la continua exclusión de las personas con discapacidad. Si estas herramientas pretenden mantenerse post pandemia, hay que hacer un serio replanteo en términos constitucional-convencionales.
Reflexionemos sobre prácticas y tecnologías que garanticen un derecho al acceso a justicia accesible.