El ataque a la AMIA fue el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Se transformó, a lo largo de los años, en un laberinto sin fin repleto de irregularidades por parte de la Justicia. De hecho, en la actualidad, se encuentra totalmente estancado, sin vistas de mejorar su situación.
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba se estrelló contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Más de un cuarto de siglo después del ataque, no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso.
Pero no fue el único atentado llevado a cabo en suelo argentino. Dos años antes, en 1992, un furgón cargado con explosivos se estrelló contra el frente del edificio de la Embajada de Israel y causó 22 muertos y 242 heridos. Estos desafortunados acontecimientos posicionan a la Argentina como uno de los dos países americanos, junto con Estados Unidos, en ser víctima de la violencia del terrorismo fundamentalista contemporáneo (Memoria Activa, 2013).
Este breve artículo se centrará en las tres causas que se abrieron tras el atentado:
“AMIA I”; Causa “Brigadas” y “AMIA II”. Además, se describirá el accionar del Estado argentino y se incluirán las denuncias generadas contra el mismo. Se dejará de lado todo aquello referido al “Caso Nisman”, fiscal a cargo de la causa fallecido en enero de 2015 ya que, a pesar de estar vinculado, merece una reconstrucción individual.