La crisis sanitaria, económica y social originada por el COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes a las cuales han de enfrentarse los grupos más vulnerables, donde se encuentran las personas con discapacidad (António, 2020).
Pese a la existencia de diversos instrumentos internacionales60, que abordan la problemática, se siguen violando constantemente los derechos humanos de este colectivo. Si ya antes de la pandemia las personas con discapacidad tenían menos probabilidades de acceder a la educación, el trabajo, la atención médica o participar en (Blanca, 2020) sus comunidades –principalmente las mujeres con discapacidad, lo cual trae aparejado mayores probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir mayores tasas de violencia, negligencia y abuso-, la pandemia no ha hecho más que intensificar estas desigualdades y generar nuevas amenazas.
Además de tener que enfrentarse a la falta de accesibilidad en cuanto a información de salud pública, así como a barreras significativas para implementar medidas básicas de higiene (Organización de las Naciones Unidas, 2020), las personas con discapacidad han de enfrentarse, entre otras cosas, a barreras tecnológicas, a la falta tanto de servicios de apoyo para el desempeño de la vida independiente como de adecuaciones y ajustes razonables para llevar a cabo su trabajo. Esta situación se agudiza cuando se trata de mujeres con discapacidad.
En este sentido, con el fin de visibilizar esta problemática histórica y estructural, en el presente trabajo se desarrolla, en primer lugar, una breve descripción de la relación trabajo-persona con discapacidad (PcD), y las desigualdades de género que la agravan. En segundo lugar, se analiza cómo afecta a las PcD el contexto de pandemia.