En el mes de marzo el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) difundía su Declaración frente a la pandemia del COVID-19 (2020a). En ella, se enfatiza en la disparidad de sus efectos en relación a los distintos grupos poblacionales, exacerbando, a su vez, las desigualdades preexistentes. De igual modo, se remarcó que nuestra región, por los altos niveles de inequidad y pobreza, presenta un reto adicional a encarar, en razón que gran parte de los habitantes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo principalmente a los pueblos indígenas en zonas rurales. En América Latina, la población indígena supera los 45 millones de personas, poco menos del 10% de la población total de la región. Por lo cual, es la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta (FILAC & FIAY, 2020). Si bien esta diversidad, característica de la región, denota el sostenimiento de espacios alternativos de construcción de desarrollo, al mismo tiempo es uno de los principales focos de vulnerabilidad frente a la propagación del virus. Asimismo, al analizar las condiciones de bienes y servicios esenciales en la actualidad como la alimentación, el saneamiento y el agua potable6, la salud, educación, las barreras culturales, infraestructura y, en general, el déficit respecto a la materialización de derechos individuales y colectivos por parte de los pueblos indígenas, se observa un especial impacto en las mujeres indígenas que habitan zonas rurales.