La irrupción judicial en instituciones escolares viene creciendo significativamente en los últimos años. Se trata de un fenómeno presente en todos los niveles educativos que llegó incluso a afectar a padres denunciados por la toma de escuelas secundarias en las que participaron sus hijos e hijas. Frente a los diversos contenidos y actores que pueden tener las denuncias judiciales, a los fines de esta investigación interesan particularmente los casos de docentes denunciados por abuso sexual de niñas y niños pequeños (entre 3 y 5 años).
Desde el ámbito académico, la judicialización de las relaciones escolares comenzó a ser pensada como consecuencia de la fragilización de las instituciones escolares y la escalada del individualismo en sociedades regidas por lógicas neoliberales. Una línea de análisis señala la falta de contrato escolar entre maestros y familias y la necesidad de reactualizar dicho contrato a partir del declive de las instituciones escolares. Desde estas primeras aproximaciones al problema, la propuesta de este trabajo es complejizar las miradas macro sociales del fenómeno con los aportes de documentar aquello que acontece en la vida cotidiana escolar cuando un/a docente es denunciado/a por abuso sexual infantil.
La hipótesis que guía el análisis parte de entender al abuso sexual como un intolerable social que fuerza la necesidad de encontrar culpables. Como consecuencia, la denuncia que inicia en un docente puede, en ocasiones, implicar una cadena de responsabilidades que termina atravesando a toda la institución escolar. En este proceso, la capacidad de respuesta que pueda dar el sistema penal parece primar sobre la posibilidad que tiene la escuela de construirse como espacio de solución y de reparo para niños/as, padres y docentes.
En términos metodológicos, se trata de una investigación histórico-etnográfica centrada en el territorio de Merlo, Moreno e Ituzaingó donde las denuncias a docentes por abuso sexual crecieron significativamente luego de que en el año 2019 se hiciera pública una condena a 17 años de prisión. Para este trabajo, el foco estará puesto en la reconstrucción de este caso a partir de entrevistas abiertas y en profundidad a diversos actores de la comunidad educativa.