El éxito de una política pública depende, en gran medida, de que sea capaz de resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de los distintos grupos, sectores y personas que integran una sociedad. Es decir, el conjunto de actores involucrados en el proceso de diseño e implementación de una política pública deben ser capaces de interactuar y negociar con el objetivo de lograr beneficios convergentes para todos los actores involucrados y para la sociedad en general. Sin embargo, las políticas públicas asociadas a la denominada Cuestión Malvinas por lo general han emanado del sector público, en muchos casos con una escasa o incluso nula participación de actores no estatales, ya sean del sector privado o de la sociedad civil. Y esto ha llevado a que las políticas implementadas terminen resultandos deficientes y por lo general no hayan contribuido de manera sustancial a resolver los problemas o demandas sociales que pretendían abordar. El presente artículo plantea la necesidad de promover políticas públicas más efectivas, oportunas, transparentes y participativas en torno a la Cuestión Malvinas, a través de una participación e involucramiento más activo de los diferentes actores no estatales interesados. A su vez, se plantea la necesidad de una mayor y más efectiva articulación entre dichos actores entre sí y en relación al sector público, para lograr resultados concretos que contribuyan a los objetivos nacionales trazados en relación a la Cuestión Malvinas. Para ello, no sólo se requiere una mayor apertura por parte del Estado, sino también un mayor compromiso, articulación y participación por parte de los propios actores no estatales.