El análisis de las políticas implementadas desde el Estado permite conocer la concepción que está detrás de cada iniciativa, cómo se recorta el problema, cómo se define y cuál es la solución que se propone. La producción de esa normativa, a su vez, es resultado de una serie factores que llevan a las agencias estatales a buscar respuestas específicas. En Argentina, por un lado, la seguridad vial ya estaba instalada como problema público en nuestro país. Por otro lado, el Estado había adquirido centralidad como agente de cambio que puede intervenir activamente en las relaciones sociales. Estas leyes y las medidas que se derivan se producen en un contexto de revalorización de las capacidades del Estado ocurrido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. A esto se agrega que la seguridad vial se instala como respuesta al crecimiento sostenido de la cantidad de muertes en siniestros de tránsito que se produjo en los últimos años. El desmantelamiento de la red ferroviaria ocurrido en los años noventa llevó a utilizar las rutas prácticamente como único medio de transporte terrestre. La reactivación económica de esa década también influyó en el aumento de las necesidades de transporte de vía terrestre porque el aumento del tráfico aumenta significativamente los riesgos de siniestros en las rutas. Por último, la llamada Tragedia de Santa Fe, ocurrida en 2006, constituyó un hecho que sirvió de catalizador para el impulso de políticas a partir de los reclamos familiares de las víctimas y organizaciones sociales centradas en el tema. En ese hecho murieron nueve jóvenes estudiantes de la Escuela Ecos de la ciudad de Buenos Aires que volvían de realizar un viaje solidario a la provincia del Chaco, al chocar el micro que los trasladaba con un camión. En el siniestro murieron también una docente y el chofer del camión.
En esta ponencia analizo las iniciativas estatales para mejorar la seguridad vial y disminuir las muertes y lesiones en siniestros de tránsito. Me ocuparé de los modos en que se diagnostican y se justifican las medidas de prevención y control en la materia.