En el presente trabajo, nos proponemos problematizar algunos de los sustentos ideológicos que definen los lineamientos generales del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito (PISCPD) de la Provincia de Córdoba. Dicho programa fue presentado en marzo de 2017 y permitió reformular las políticas de seguridad regidas hasta entonces por la Ley de Seguridad Pública (N°9.235) del año 2005, focalizada en la prevención y represión del delito.
Estos ejes orientadores se mantuvieron con la implementación del nuevo plan, en tanto que las formas y los objetivos de la actuación policial se fueron redefiniendo para incorporar las figuras de integralidad y multiagencialidad del delito e involucrando a otras áreas de gobierno. Bajo esta línea, se presentó un mapa de vulnerabilidad de la ciudad de Córdoba, cruzando diversos indicadores socio-económicos (como empleo, nivel de escolarización y PBI) con estadísticas delictivas de distinta índole. Mediante este entrecruzamiento, entonces, el territorio urbano cordobés apareció en los medios de comunicación locales como un espacio fragmentado por colores (verde, amarillo y rojo), lo que permitía definir el nivel de vulnerabilidad por zonas. En otros trabajos, hemos analizado esta fragmentación como condición de posibilidad para el control social desde diferentes instancias de intervención estatal y de mercado, que denominamos “urbanismo securitario” (Boito y Peano, 2018).
A partir de lo anterior, uno de los puntos que destacamos del PISCPD y del giro a nivel regional hacia modelos preventivos de seguridad, es el argumento de la exclusión social como productora de inseguridad, esta última entendida desde una concepción delictiva. Esta fundamentación, asimismo, cuenta con el asesoramiento de distintos técnicos y especialistas internacionales que participan del diseño e implementación de planes urbanos tomando las experiencias desarrolladas en otros países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil.
Las preguntas que guiarán este trabajo refieren a cuáles son las creencias que permiten argumentar el nuevo plan de seguridad y, en consecuencia, qué concepciones sustentan las percepciones de los agentes estatales respecto de la gestión de la seguridad a partir de “riesgos” y “vulnerabilidades” a combatir y controlar. Para ello analizaremos distintas entrevistas realizadas en los últimos dos años a funcionarios y encargados de áreas técnicas estatales provinciales. Este análisis será complementado, además, con el estudio de material documental, como leyes y decretos provinciales.
Procuraremos recorrer y tematizar los sustentos de la ideología de la seguridad-inseguridad como creencia (Zizek: 2001) que reorienta las políticas públicas y que alimenta la lógica de víctimas y victimarios en el espacio de la ciudad. Asimismo, intentaremos abordar el lugar del Estado como agente regulador (y dosificador) de las sensibilidades sociales a partir de la tematización de ciertas formas de administración de la seguridad.