Durante los últimos años las tensiones en torno a la tierra y las relaciones de poder que suscita han estado particularmente exacerbadas. El avance extractivista y las especulaciones inmobiliarias atentan sobre territorios y poblaciones expulsando y criminalizando a quienes los habitan. En los últimos 40 años los avances legislativos en torno a la temática indígena y sus derechos ha sido notorio. La Ley 23.302, la reforma constitucional de 1994 que incorporó el Artículo 75 inciso 17, la Ley 26.160, la Ley de Bosques, son algunos de los logros alcanzados gracias a la organización y la articulación de los pueblos indígenas con distintos sectores de la sociedad. A pesar de los derechos formalmente reconocidos, los conflictos en torno a la tierra se multiplican de manera exorbitante a lo largo y ancho del país. En este trabajo presentamos el caso de la comunidad ava guaraní Iwi Imemb´y (Hijos de la Tierra), nucleada en el cinturón florihorítcola de La Plata. Esta comunidad fue expulsada de sus territorios de origen en la Provincia de Salta, Argentina, y se vio obligada a migrar en busca de un lugar donde continuar reproduciendo su identidad ligada a las prácticas agrícolas. En el marco del reclamo por “la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, (derecho contemplado en el Artículo 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional), se hacen visibles las tensiones entre los intereses de distintos sectores (estatales, privados y públicos) y la desigualdad de poder que condiciona el acceso a derechos. En este contexto, la consolidación de un equipo conformado por indígenas, campesinxs, abogadxs e investigadorxs/extensionistas y posibilita un ámbito de construcción de estrategias y acompañamiento hacia la comunidad a fin de que se cumpla la garantía de sus derechos.