Desde el retorno democrático en 1983, con marchas y contramarchas, consideramos que se han logrado consensos básicos interpartidarios en torno a algunas leyes fundamentales: La Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1991), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (2001) y la Ley de Inteligencia (2001), así como el fin del Servicio Militar Obligatorio (1994).con el objetivo de democratizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se delimitaron sus funciones, lo que implicó cambios en la formación de las Fuerzas así como el control civil de las mismas.
Si bien, a lo largo del tiempo, existen líneas de continuidad y ruptura, consideramos que, a partir de la asunción de Cambiemos en 2015, por primera vez se pone en cuestión el núcleo del consenso democrático establecido desde 1983, lo que se expresa en el intento de modificación del andamiaje legal, el cambio en el paradigma securitario y el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior acorde con las políticas planteadas por Estados Unidos para América Latina.
Considerando esto, nos proponemos analizar las intervenciones políticas en Seguridad a partir de los cambios normativos establecidos desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en las áreas de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, así como indagar en la relación entre dichas modificaciones y el paradigma de las “nuevas amenazas” como objetivo de Seguridad Pública.
Como avance de nuestro trabajo, podemos decir que todos estos cambios normativos, así como los funcionarios designados, las acciones y los discursos desplegados, pueden ser leídos en consonancia con el alineamiento a las políticas de seguridad estadounidenses para la región. Ello implica, por un lado, que el gran consenso democrático está en peligro y, además, pensar en las consecuencias de la militarización en la región, como los asesinatos y desapariciones en México, o asesinatos de dirigentes como Marielle Franco en Brasil. A su vez, la “demagogia punitiva”, que instala la falsa dicotomía entre un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes y su contracara: “soltar la mano” de la Policía o Gendarmería para que actúen sin respetar las reglas mientras, desde el Estado, se convalidan dichas intervenciones. Ejemplo de ellos son casos como el del policía Chocobar o la Represión de Gendarmería en Cushamen que culminó en los asesinatos de Santiago Maldonado y de Facundo Jones Huala.
Así, el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior implica un cambio en la definición de Seguridad que se aleja de las visiones de Seguridad Urbana y Ciudadana, entendidas como protección de las personas y construcción de ciudadanía. Por el contrario, presentan al delito y a los diversos actores involucrados como una amenaza a valores difusos que alternan entre la Soberanía, la Seguridad del Estado y la Seguridad Nacional y, con esta operación, se identifican “enemigos internos” que amenazarían bienes cuya defensa corresponde a las Fuerzas Armadas.