En el marco de las investigaciones judiciales, resulta habitual la utilización de datos de telecomunicaciones como fuente de información preliminar y/o probatoria sobre grupos de criminalidad compleja. Los agentes judiciales, en gran medida, están acostumbrados a la recolección de datos telefónicos, pero no así a su procesamiento y análisis. Esta situación se agrava más día a día con la explosión de grandes volúmenes de información. Para dar respuesta a esta dificultad, y dentro de una dependencia judicial abocada al desarrollo de pericias interdisciplinarias para el apoyo a la investigación penal, se conformó un equipo al cual pertenezco que realiza procedimientos de preparación y consolidación de la información a través de bases de datos relacionales y los analiza posteriormente mediante el análisis de redes sociales (ARS). Dado que una de las características específicas de las redes criminales está dada por el hecho que los actores dentro de un grupo criminal procuran no dejar rastros de sus interacciones, la utilización de indicadores reticulares provee de trazabilidad, eficiencia y rigurosidad, todos ellos valores que no se pueden obviar por ser relevantes en el proceso penal. En ese sentido, los algoritmos de centralidad parecen vincularse de forma específica con determinados roles dentro de una organización criminal. La centralidad de grado es el indicador más intuitivo y se correlaciona con aquellos actores más visibles para el accionar judicial. La centralidad de intermediación, al ser una medida dependiente de la estructura global de la red, resulta ya más difícil de elucidar para el operador judicial, brindando información de potencial interés. Por último, la conjunción de ambos brinda el índice de centralidad combinada cuyo objetivo es detectar “jugadores claves”, es decir, aquellos nodos con pocos vínculos, pero de mayor calidad, arrojando los resultados más interesantes por contraintuitivos y, por ende, la más provechosa fuente de información para la investigación penal.