La presente ponencia recupera el trabajo de investigación –doctoral y posdoctoral– que actualmente los autores realizan en dos organismos estatales, a saber: el Centro de Acceso a Justicia (CAJ) de la ciudad de Olavarría y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con sede en la ciudad de La Plata. Ambos organismos comparten el hecho de que fueron creados como complemento de la burocracia estatal y buscan asistir a la ciudadanía en la gestión de sus conflictos. A través del trabajo etnográfico desarrollado durante el período 2019-2020 nos proponemos problematizar estos dispositivos estatales de administración de conflictos, enfocando en el singular tipo de tratamiento que estas instituciones le dan a las consultas y demandas de las personas o grupos que acuden a ellas.
A lo largo de la ponencia se describen y analizan dos aspectos interrelacionados de las dinámicas de estas instituciones con el objetivo específico de desentrañar los esfuerzos sociales contemporáneos (de agentes estatales, pero también de ciudadanos y ciudadanas) por trascender las tradicionales burocracias estatales. En primer lugar, se dará cuenta tanto de los sentidos que habitan las definiciones programáticas que rigen a cada organismo como de aquellos que se movilizan en el trabajo cotidiano de los agentes estatales en interacción con las personas consultantes o demandantes. Para ello se identifican los diversos valores, principios y sensibilidades legales que operan en la conceptualización, administración y resolución de los conflictos. En segundo lugar, se reconstruyen las lógicas vernáculas que se despliegan para garantizar el acceso a justicia y a derechos, mediante la explicitación de las particularidades que asume la burocracia estatal en el marco de estas instituciones.