El viraje de las políticas de salud en el período 2015-2019 ha venido produciendo el desmantelamiento de derechos ciudadanos cuyos efectos a largo plazo aún son difíciles de calcular.
El retorno de la institución manicomial como organizadora del sistema de atención de los problemas de salud mental, la jerarquización del discurso médico (Stolkiner, Vázquez y Quercetti, 2016) psiquiátrico desvalorizando el abordaje interdisciplinario y el desconocimiento de las instancias previstas para la discusión y monitoreo del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, parecen indicar que va teniendo lugar algo aún más regresivo que una vuelta los lineamientos de las políticas de salud mental de los años noventa.