Entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori llevó adelante el denominado Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (en adelante, PNSRPF), una política de salud pública orientada al control de la natalidad bajo una retórica de desarrollo económico, que dio lugar a la práctica sistemática de esterilizaciones forzadas que afectaron mayormente a mujeres pobres, indígenas y de procedencia rural (Ballón Gutiérrez, 2014b). Desde fines de la década del ‘90, la cuestión fue ganando terreno en el espacio público, más no en la Justicia que se encargaría de archivar las investigaciones de las denuncias realizadas. La lucha llevada adelante por las redes establecidas entre organizaciones feministas y de derechos humanos y las personas que se vieron afectadas por estas políticas continúa vigente a día de hoy cuando el año 2021 parece abrir un nuevo horizonte de posibilidades para la memoria y la justicia.
El presente artículo aborda las esterilizaciones forzadas en Perú en el período señalado, desde un enfoque de género interseccional y una perspectiva de derechos humanos como punto de partida y toma de posición epistemológica para intentar reponer algunas de las complejidades del caso.