Pasado un año del golpe de estado de mayo de 2021 en Mali, la inestabilidad política sostenida incrementa las debilidades que el gobierno encuentra a la hora de asegurar su integridad y soberanía en un contexto de conflictos con distintos grupos yihadistas militarizados.
La continuidad en el poder de los militares que llevaron a cabo el golpe, propició una fuerte descoordinación entre sus principales aliados regionales, como el G5 Sahel, e internacionales, como Francia, la Unión Europea (UE) y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA). Luego de un periodo de consonancia, la lucha anti-yihadista en el Sahel entra en un momento de nuevos matices y rupturas frente a las crecientes tensiones y a la intensificación de los enfrentamientos.
Esta situación genera especial preocupación internacional por el incremento de la violencia hacia los civiles y la creciente pérdida de control territorial en detrimento del gobierno maliense (Bourdin & Tine, 2022). Ante esta coyuntura, los grupos islámicos militarizados toman mayor poder e influencia territorial, especialmente el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por su denominación en árabe) y el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS).
Por otro lado, frente a un escenario de fuerte inestabilidad política y propagación de golpes de estado en el Sahel, desde la Unión Europea, principalmente desde Francia y España, se conforma un malestar ante el inminente aumento de la influencia y presencia rusa en la región (Masoliver, 2022).
A partir de este contexto, el objetivo del presente trabajo es describir las motivaciones que llevaron a la ruptura del plan de lucha anti-yihadista en Mali, buscando exponer el entramado de actores que influyen en el conflicto en un marco de inestabilidad política interna y regional. Por último, buscaremos observar si existen las bases para un proyecto que incorpore nuevos actores y diferentes perspectivas de cómo amenizar o terminar con la situación de crisis que atraviesa el país.